Una nueva propuesta legislativa en el Congreso de Estados Unidos podría tener implicaciones significativas para millones de migrantes latinoamericanos que envían dinero regularmente a sus países de origen. El proyecto contempla la creación de un impuesto especial del 5 % sobre las transferencias internacionales de dinero, comúnmente conocidas como remesas. De ser aprobado, este impuesto entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
¿En qué consiste el impuesto?
La medida, incluida en un proyecto de reconciliación presupuestaria, propone la creación de una nueva sección en el Código de Rentas Internas (IRC 4475), que impondría un impuesto del 5 % sobre cada remesa enviada desde Estados Unidos a un destinatario en el extranjero. Este impuesto sería recaudado directamente por los proveedores de servicios de transferencia de dinero, como bancos, empresas de envío de remesas y plataformas digitales.
Por ejemplo, una persona que envíe 400 dólares a su familia en América Latina tendría que pagar 20 dólares adicionales en concepto de impuesto, sin contar las comisiones habituales del servicio.
¿A quiénes afecta?
El impuesto se aplicaría a todas las personas que realicen transferencias internacionales, con algunas excepciones. Los ciudadanos estadounidenses y personas clasificadas como “nacionales” (como los nacidos en Samoa Americana) podrían recuperar el monto pagado mediante un crédito fiscal en su declaración de impuestos. Sin embargo, esta opción no estaría disponible para residentes permanentes (titulares de green card), personas con visas temporales o migrantes indocumentados.
Además, para acceder a la exención o al crédito fiscal, el remitente tendría que realizar la transferencia a través de un proveedor calificado que haya firmado un acuerdo con el Departamento del Tesoro y que verifique la ciudadanía del remitente. Este proceso podría implicar requisitos adicionales de documentación y verificación de identidad.
Impacto económico en América Latina
El efecto de esta medida sería particularmente significativo en América Latina, una región altamente dependiente de las remesas. Según datos de 2023, los cinco países latinoamericanos que más dinero recibieron desde Estados Unidos fueron:
- México: 67.000 millones de dólares
- Guatemala: 20.000 millones
- Colombia: 10.200 millones
- República Dominicana: 10.100 millones
- El Salvador: 8.200 millones
Estos flujos de dinero representan una fuente esencial de ingresos para millones de hogares, y en algunos casos, superan incluso la inversión extranjera directa o la ayuda oficial al desarrollo.
Posibles consecuencias para los migrantes
Desde una perspectiva financiera, este impuesto podría tener varios efectos adversos:
- Reducción del ingreso disponible para las familias receptoras, lo que afectaría su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación.
- Aumento de los costos de envío, lo que podría llevar a los remitentes a reducir la frecuencia o el monto de las transferencias.
- Migración hacia canales informales o digitales, como el uso de criptomonedas o transferencias entre billeteras digitales, que actualmente no están sujetas al impuesto si no interviene un proveedor regulado.
Consideraciones finales
La propuesta aún debe ser debatida y aprobada por el Congreso, por lo que no es una medida definitiva. Sin embargo, su sola existencia plantea interrogantes importantes sobre la equidad fiscal y el impacto económico en comunidades migrantes que ya enfrentan múltiples desafíos financieros.
Es recomendable que los remitentes se informen con anticipación, evalúen alternativas de envío y consideren el impacto que esta medida podría tener en su presupuesto personal y en el bienestar de sus familias en el extranjero.
